Históricamente, los municipios fueron creados para atender cuestiones ornamentales de las ciudades, tales como su limpieza o planificación urbana. Sólo se los autorizó a cobrar tasas, pero no impuestos. Simplemente, porque se los pensó como una especie de “gran consorcio”: las comunas no son un estado con capacidades reales para resolver y gestionar problemáticas sociales complejas.
Por lo tanto, siempre fue competencia del estado nacional y/o de los provinciales temas como seguridad, salud, educación, justicia, hidráulica, viviendas, parcelamiento del suelo, puertos, costas y riberas. Pero las ciudades crecieron y los diferentes gobiernos centrales demostraron incapacidad política para afrontar ciertas cuestiones. A tal punto, que los municipios se vieron obligados a atender ciertas demandas sociales que, original, legal y físicamente, no les corresponden.
Estamos en condiciones de afirmar que San Isidro se ha transformado en una de las mejores experiencias locales en cuanto a autonomía financiera dentro del área Metropolitana. Definió su perfil urbanístico y alcanzó aceptables niveles de cantidad y calidad en la prestación de los servicios básicos de carácter municipal, tales como alumbrado, barrido, limpieza y conservación del espacio público, entre otros.
En tanto, la planificación, gestión y aporte financiero en muchos casos permitió el desarrollo de casi la totalidad de su infraestructura básica como cloacas, agua corriente, desagües, etc. Paralelamente, se implementó un sistema público municipal de salud de excelencia. Se fomentaron políticas sociales complementarias y segmentadas en deportes, cultura y tercera edad.
San Isidro fue pionero en implementar políticas de apoyo a la seguridad ciudadana. El programa de Cuidados Comunitarios, la descentralización de fiscalías, la instalación de cámaras para vigilancia, el aporte de insumos y tecnología para la policía provincial son sólo algunos ejemplos.
Asimismo, se ha fortalecido la educación pública provincial con la puesta en marcha de diversos establecimientos educativos municipales (12 jardines de infantes, 1 escuela primaria, 1 secundaria, 1 de hipoacúsicos, 1 terciario), además del aporte de talleres extra programáticos en idiomas, computación y artes.
En otras palabras, los gobiernos locales terminaron asumiendo, forzosamente, un nuevo rol. Frente a esta realidad, resulta imprescindible exigir a los gobiernos centrales que otorguen autonomías reales a los municipios para que ese derecho, no sea sólo una declamación política de campaña o letra muerta en las constituciones.
Autonomía, significa dotar a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires de garantías sustentables de recaudación impositiva propia o, en su defecto, fortalecer con parámetros mensurables la coparticipación.
No es justo que la Provincia cobre impuestos por servicios que después no brinda o son de baja calidad. Los servicios públicos de justicia, seguridad, educación y salud provincial son un fiel reflejo.
Ha llegado la hora de repensar los gobiernos locales. Dotar a los municipios de reales autonomías debe ser una prioridad en la agenda política de los próximos años. De no ser así, no habrá una reforma política seria si el Gobierno Provincial no garantiza el ejercicio pleno de las autonomías municipales.
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